Expertos delinean retos de la reforma a sanitarias por el cambio climático

Los efectos del cambio climático en el escenario hídrico que atraviesa Chile -por ejemplo, la extrema sequía que se observa en el norte o la turbiedad del agua por las precipitaciones que se están produciendo en cotas más altas en el sur- ha hecho urgente incluir este fenómeno global en el proyecto de reforma a ley que regula a las empresas sanitarias.

En ese marco, el gobierno está trabajando en los contenidos de este cambio que estudia una mesa técnica en el Senado, y que incluyen protocolos exigibles a las concesionarias ante emergencias climáticas, los cuales deben ser aprobados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y donde se diseña un rol de coordinación de la Onemi. Así lo señaló el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en relación a los contenidos de las indicaciones que está afinando el Ejecutivo para la última sesión programada para fines del presente mes.

Uno de los actores que ha observado de cerca el desarrollo del proyecto de ley es Eduardo Bitran, exministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y que además se hizo parte de la discusión de la reforma junto a un grupo de senadores a través de la fundación Espacio Público.

Más allá de la estandarización de protocolos que permitan enfrentar posibles episodios de esta naturaleza, Bitran advierte que abordar el cambio climático requiere poner énfasis en las inversiones necesarias para aumentar las reservas y contar con fuentes más diversificadas para la captación de agua.

“Estas mayores inversiones hay que reconocerlas en el proceso de regulación tarifaria y permitir que efectivamente las empresas puedan sostener mayores niveles de seguridad para el futuro. Lo que hay que tener claro es que esto no es gratis”, explica Bitran.

Para ello, propuso a la mesa técnica que los proyectos para enfrentar el cambio climático se hagan de manera gradual (con un horizonte de 15 a 20 años), junto con corregir el costo capital de manera gradual dado que “las inversiones son caras, pero el costo capital es más barato que el que establece hoy día la ley”.

Una idea sería bajar el costo desde el 7% actual a 5,5%, hasta llegar a un piso de 4,7%, para finalmente en el plazo de una década, eliminar el piso, señala Bitran.

Por su parte, el exsuperintendente de Servicios Sanitarios, Juan Eduardo Saldivia, coincide en que el foco debe estar puesto en las inversiones por sobre la estandarización de un plan ante emergencias. De esa manera –dice- se pone énfasis en la prevención de estos episodios. “No veo hasta el momento, ni en el proyecto de ley ni en lo que se ha señalado que serían las indicaciones que haría el Ejecutivo, una preocupación precisamente por aquello (medidas preventivas). Y creo que es un tema que hay que trabajar urgentemente porque si no tenemos inversiones relevantes destinadas a dar seguridad, a dar resiliencia a las instalaciones, poco se hace con un protocolo”, señaló. Saldivia agregó que hace falta una discusión de la reforma más participativa, toda vez que “todos confluyamos a una solución”, ya sea que el Estado sea el que haga las inversiones necesarias para dar mayor seguridad hídrica o las sanitarias, y en ese caso incluirlo en la tarifa.

Riesgo de sobreinversión

El exdirector de Aguas de MOP y actual socio del estudio Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, plantea que es difícil cuantificar las inversiones que tendrán que hacer las sanitarias, toda vez que los efectos del cambio climático recién se están empezando a ver.

Ejemplo de ello, son los megaestanques que Aguas Andinas está construyendo en Pirque y con lo que busca alcanzar las 34 horas de autonomía en caso de una emergencia. El mayor riesgo -dice- está en que finalmente se caiga en una sobreinversión.

Por ello, plantea que estos deben verse caso a caso en el proceso tarifario de cada compañía más que en una ley, y que además los protocolos establecidos sean lo suficientemente flexibles para que. en caso de una emergencia climática, no se inmovilice el sistema.